El Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución 1153/2026 publicada en el Boletín Oficial, el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto de litio en Catamarca: US$709 millones para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá. El anuncio promete 4.400 empleos y exportaciones por US$400 millones anuales. Números grandes, en un país que necesita dólares. Pero, ¿alcanza con mirar la cifra de inversión para saber si un proyecto es «bueno» para la Argentina? 🤔
Empecemos por una pregunta simple: ¿a dónde compra la Argentina los materiales para su propia industria? El país exporta la tonelada de litio a un valor promedio de apenas US$705, mientras que importa productos elaborados —como baterías— a más de US$2.000 la tonelada. Vendemos la materia prima al precio del subsuelo y recompramos la tecnología terminada al precio del mercado global. El 90% de lo que se exporta es carbonato de litio sin procesar, y su principal comprador es China. La industrialización local —fabricar baterías acá, no solo extraer la sal— sigue siendo, según especialistas consultados por medios económicos, una materia pendiente. ⚡
Y después está la pregunta de fondo: ¿a quién pertenecen estas empresas? Rastrear a los dueños reales del litio argentino no es sencillo. Buena parte del negocio está en manos de fondos de inversión internacionales y corporaciones extranjeras difíciles de trazar hasta sus beneficiarios finales. En este caso puntual, quien produciría el litio catamarqueño es una subsidiaria del gigante minero chino Zijin Mining Group, que llegó al país en 2022 al comprar la canadiense Neo Lithium. No hay nada ilegal en eso —así funciona la minería global—, pero vale preguntarse qué parte del negocio realmente se queda en la comunidad que convive con el salar. 🌍
El agua es la otra cara de la moneda. En la misma zona de Fiambalá, vecinos y operadores turísticos vienen denunciando que el nivel de la Laguna Verde —uno de los atractivos naturales de la región— descendió varios metros en los últimos años, coincidiendo con el crecimiento de la actividad litífera. No es un caso aislado: en el Salar del Hombre Muerto, también en Catamarca, la Justicia provincial debió resolver una denuncia por la desecación del río Trapiche, que dejó a una comunidad originaria sin agua potable. ¿Cuánto puede resistir un ecosistema de altura, donde casi no llueve, cuando conviven ocho proyectos mineros sobre la misma cuenca? 💧
La transición energética global necesita litio, eso es innegable. La pregunta que nos queda picando es otra: ¿estamos construyendo un desarrollo que deje algo más que regalías y empleo temporal, o repetimos el patrón histórico de vender barato lo que no volvemos a ver? Mientras el país decide, seguimos de cerca cómo estas inversiones dialogan —o chocan— con el agua, las comunidades y la ciencia pública que estudia estos territorios. 🔬 ¿Vos qué pensás, se puede minar con conciencia ambiental? Contanos en los comentarios.
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