⚛️ La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —el organismo que desde 1950 sostiene la capacidad nuclear argentina, con sede central en Buenos Aires y un centro clave en Bariloche— lanzó un plan de retiros voluntarios que alcanza a los 2.800 empleados de planta permanente. Según la Resolución 177/2026, esos puestos «quedarán suprimidos» y no podrán volver a cubrirse por dos años.
🔬 La medida se suma a la reestructuración de julio, que recortó casi el 58% de la estructura jerárquica del organismo, y a los despidos de contratados de junio. En conjunto, es el ajuste más profundo que atraviesa la CNEA en su historia reciente.
🚫 En ese mismo mes de julio, el Gobierno paralizó el CAREM, el reactor modular diseñado íntegramente por la CNEA y el INVAP —la empresa estatal rionegrina nacida en 1976 como desprendimiento del Instituto Balseiro, el centro de posgrado en física e ingeniería nuclear creado por la propia CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo en Bariloche—. Con más de 600 millones de dólares ya invertidos, el proyecto quedó en pausa.
💰 En su reemplazo avanza una inversión privada de 1.200 millones de dólares, mayoritariamente de capital estadounidense, a cargo de Meitner Energy —sociedad entre INVAP y capitales de EE.UU.— para construir un reactor ACR-300 en Atucha. El proyecto ya fue presentado para calificar al Súper RIGI, el régimen de incentivos que todavía debe aprobar el Congreso.
❓ ¿Por qué lo que el país diseñó, construyó y financió con recursos propios se cierra, y lo que llega como inversión extranjera se abre con beneficios fiscales? ¿Achicar capacidades públicas para tercerizar en capital privado extranjero es cuidar la soberanía tecnológica, o es entregarla por partes?
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